Desde una casona en Las Condes, el Presidente Electo coordina el inicio de su futura administración junto a su equipo más cercano, mientras crecen las preguntas sobre los recursos utilizados para sostener la operación y los viajes al extranjero.
Desde su triunfo en la segunda vuelta presidencial, José Antonio Kast comenzó rápidamente a delinear lo que será su llegada a La Moneda. Sin esperar demasiado, el Presidente Electo instaló un centro de operaciones destinado a coordinar el arranque de su futura administración y el trabajo de transición.
El lugar elegido fue una casona ubicada en La Gloria 88, en la comuna de Las Condes. Se trata de una propiedad de cuatro pisos, equipada con múltiples salas de trabajo, estacionamientos y 18 baños, que hoy funciona como el principal punto de encuentro del equipo que prepara el nuevo gobierno.
Hasta ese inmueble llegan diariamente sus colaboradores más cercanos y varias de las futuras autoridades, muchos de los cuales incluso dejaron sus labores previas para dedicarse de lleno a las tareas de planificación y coordinación del nuevo mandato.
Sin embargo, una de las principales interrogantes que ha surgido en torno a esta etapa apunta al financiamiento tanto del funcionamiento de la casona como del personal que allí trabaja desde hace semanas. Una pregunta que, por ahora, prefieren no responder desde la Oficina del Presidente Electo (OPE).
Incógnita por gastos y viajes
De manera extraoficial, cercanos al entorno del líder republicano señalan que parte de los gastos —especialmente aquellos asociados a viajes internacionales— habrían sido cubiertos con recursos del patrimonio personal de Kast. Incluso, aseguran que algunos futuros ministros habrían financiado sus pasajes de forma particular.
Estos desplazamientos han incluido al propio Presidente Electo junto a su esposa, María Pía, y a integrantes de su futuro gabinete. Uno de los viajes que más comentarios generó fue la visita a Argentina, donde Kast se reunió con el presidente Javier Milei.
En esa ocasión también participaron representantes de gremios empresariales, lo que abrió nuevas dudas respecto de eventuales aportes de privados o algún tipo de financiamiento externo, antecedentes que hasta ahora no han sido aclarados públicamente.
Cruce político
La situación motivó cuestionamientos desde la oposición. Los diputados del Partido Socialista, Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, llamaron a transparentar el origen de los recursos utilizados durante la transición, advirtiendo sobre la posibilidad de futuras “deudas de favores”.
Desde la derecha, en tanto, restaron dramatismo a los emplazamientos. El diputado electo de la UDI, Jaime Coloma, señaló que históricamente los presidentes electos han instalado oficinas de transición propias y han destinado recursos para contar con equipos de apoyo, calificando el debate como una “polémica artificial”.
En la misma línea, el diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázabal, instó a sus pares a enfocarse en investigar situaciones donde —a su juicio— sí se habrían comprometido recursos públicos, mencionando el caso de la campaña de Michelle Bachelet para asumir un cargo en Naciones Unidas.
Mientras tanto, el equipo del Presidente Electo continúa afinando los detalles del inicio del nuevo gobierno, en medio de un escenario donde las definiciones políticas avanzan más rápido que las aclaraciones financieras.
