La Contraloría General de la República (CGR) instruyó la apertura de un sumario administrativo tras confirmar que el jefe de asesores de la entonces ministra de Salud, Ximena Aguilera, realizó gestiones previas para informar el arribo de su madre al Hospital del Salvador, lo que podría haber derivado en una atención preferente.
La información forma parte de un informe reservado de 32 páginas, al que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile, y que detalla la intervención de Manuel Nájera De Ferrari antes de la atención médica y cirugía de la paciente.
El documento, emanado tras un oficio del diputado Daniel Lilayu, concluye que no existen antecedentes que justifiquen una atención prioritaria, en comparación con otros pacientes del mismo recinto.
Coordinaciones previas y eventual infracción
Según la CGR, el 23 de diciembre de 2025, Nájera De Ferrari se comunicó por distintos medios con directivos del hospital para informar la identidad de la paciente, su estado de salud y su traslado a la unidad de emergencia.
Estas gestiones derivaron en coordinaciones internas entre la dirección subrogante del hospital, la jefatura de la Unidad de Emergencia y personal de enfermería. Posteriormente, el asesor se presentó en el recinto para informar la llegada de la ministra.
El organismo fiscalizador advirtió que estas acciones podrían constituir una infracción al principio de probidad administrativa establecido en la Ley N° 18.575, al implicar el uso del cargo para fines ajenos al interés institucional.
Ingreso rápido y cirugías postergadas
De acuerdo con el informe, en menos de seis horas la madre de la exministra ya había sido admitida, evaluada y contaba con exámenes en curso.
Ese mismo día, la paciente fue intervenida quirúrgicamente, pese a no estar contemplada en la programación. Su ingreso al pabellón —entre las 11:00 y las 18:00 horas— obligó a postergar una cirugía y cancelar otras dos.
En contraste, el informe revela que otros pacientes con diagnósticos similares esperaban en promedio más de 40 horas por una cama básica, e incluso algunos superaban las 100 horas. Ese día había 29 personas en lista de espera para cirugía, con demoras de hasta 12 días.
Cuestionamientos por igualdad ante la ley
La Contraloría fue categórica al señalar que “no se advierten motivos que justifiquen la atención preferente de la paciente”, lo que podría vulnerar el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en la Constitución.
Además, se documentó el caso de una paciente de 89 años que ingresó dos días antes con un diagnóstico similar, pero cuya espera superó las 45 horas.
Defensa del hospital
Desde el hospital reconocieron que existieron comunicaciones entre el asesor ministerial y autoridades del recinto, así como coordinaciones internas. Sin embargo, descartaron que estas hayan derivado en un trato privilegiado.
La dirección sostuvo que no se entregó información clínica al asesor y que no hubo instrucciones para priorizar la atención, argumentando que la paciente recibió un tratamiento equivalente al del resto de los usuarios.
Conclusión de la CGR
Pese a los descargos, la Contraloría —encabezada por Dorothy Pérez— concluyó que la intervención del asesor excedió sus funciones habituales y no se ajustó al trato común que reciben los pacientes en el sistema público.
Por ello, el organismo resolvió iniciar un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades.
